Gerardo Hernández está preso por un cargo del que no fue acusado

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Escrito por Rafael Cruz, con la colaboración de Jorge Jerez Belisario / Tomado del Blog turquinauta.blogspot.com

Copia facsimilar del documento original de la moción que presentó la fiscalía de los EEUU a la corte para retirar el cargo de “Conspiración para cometer asesinato” al antiterrorista cubano Gerardo Hernández Nordelo.

Gerardo Hernández Nordelo está preso por un cargo del que no fue acusado. El acta de acusación, elaborada por la fiscalía el 12 de septiembre del 1998, contenía los cargos de “conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos”, “conspiración para cometer espionaje” e “identidad falsa como agente de un gobierno extranjero” sin estar registrado ante el fiscal general de ese país.

En la primera acusación, por ningún lado aparece el cargo de “Conspiración para Cometer Asesinato en primer grado”. Este cargo surge unos  meses después de iniciarse el proceso contra los cinco y coincidiendo con el regreso del niño Elián González a Cuba. La maniobra de incluir este cargo tenía como objetivo calmar los ánimos de la mafia cubano americana de Miami, que se sentía derrotada por la decisión del Gobierno de EE.UU. de devolver al niño a Cuba. Sin embargo la propia fiscalía comprende que probarlo sería “una barrera insuperable”.

Antes de caer en el documento debemos explicar la relación del cargo con el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de la organización anticubana “Hermanos al Rescate”, considerada por la Fiscalía otra “barrera insuperable” más.

En primer lugar, el argumento inicial para incluir el cargo está basado en la suposición de que Gerardo envía la información a Cuba de que las avionetas de “Hermanos al Rescate” (1) tenían previsto violar el espacio aéreo cubano. Pero Gerardo no necesitaba enviar esa información a ningún sitio, el propio gobierno de los EE.UU. y el mismísimo líder de la organización se encargaron de “promocionar” la maniobra e informar con suficiente antelación para que el estado cubano reaccionara.

Por tanto, esa “información-provocación” se hizo totalmente pública a través de dos vías: una oficial y otra informal; pues debido a la cercanía geográfica, el controlador aéreo de los EE.UU. tiene la obligación de llamar a Cuba y reportar las intenciones de cualquier avión procedente de este país que pase cerca de nuestro espacio aéreo.

El controlador aéreo de la base aérea de Oppa Locka hizo esa llamada, informando que los aviones de la organización Hermanos al Rescate iban rumbo a Cuba. La vía informal fue la utilizada por el jefe de la organización anticubana, el terrorista José Basulto, quién se dedicó a difundir en una conferencia de prensa desde el día anterior, cuales eran sus intenciones con el vuelo.

El gobierno de Cuba, luego de mucha paciencia y advertencias al gobierno de EE.UU. y a las organizaciones internacionales encargadas de estos asuntos terminó por  derribar a las avionetas transgresoras.

En el incidente  mueren los pilotos. El cargo que se le imputa a Gerardo, asesinato en primer grado, requiere que el culpable haya participado de alguna manera en el crimen, es decir, Gerardo debió haber piloteado o guiado el caza Mig-21 que derribó a los aviones piratas.

La orden de derribar a las avionetas fue una decisión soberana del Estado cubano más que justificada dadas las circunstancias en que ocurre el hecho  y en correspondencia con la doctrina reconocida por el derecho internacional.

Para que se comprenda bien: si un avión extranjero no autorizado, cuyos pilotos mantienen vínculos con organizaciones terroristas, vuela sobre New York a la misma altura que volaron los Cessnas sobre La Habana, la respuesta de los EE.UU. hubiera sido la misma: derribar a los piratas. (US Patriotic Act.)

Gerardo no participa en la decisión tomada por el gobierno de la Isla por razones obvias, pues se encontraba en suelo americano y su accionar no tenía vínculo alguno con los decisores de la medida.

La disposición de disparar contra esos aviones fue anunciada y advertida una y otra vez por vías oficiales, diplomáticas y del personal cubano a cargo, debido a que de manera  sistemática, continuaban violando el espacio aéreo de la isla y poniendo en peligro la seguridad aérea de la zona. Además, el ciudadano José Basulto tenía  suspendida su licencia de vuelo por las constantes violaciones cometidas en esos meses.

Durante el juicio contra Los Cinco, la fiscalía no fue capaz de sostener la acusación de “Conspiración para Cometer Asesinato en primer grado”. Debido a que tal acusación generaba una barrera que por sus implicaciones podría complicar el trabajo de los acusadores, estos le piden a la jueza retirar el cargo y, contra toda lógica, la jueza se niega.

La fiscalía insiste y el 30 de mayo del 2001 en una moción de emergencia dirigido al onceno circuito de apelaciones de Atlanta, el Primer Fiscal Asistente  Barry Sabin declara 19 veces (¡!) en 41 páginas en un documento oficial, la imposibilidad de probar el cargo y pide retirarlo.

En el orden jurídico, este paso significa que el acusador se desentiende de ese cargo. Lo que en palabra comunes significa que el gobierno de EE.UU. retiró o no sostuvo la acusación de “Conspiración para cometer asesinato en primer grado”.

Contra toda racionalidad, en la sanción desmedida contra Gerardo Hernández Nordelo (3), el peso mayor lo tiene ese cargo, a pesar de que fue retirado por los acusadores.

Cuando la jueza se dirige al jurado y le da las instrucciones necesarias, le advierte de esta situación particular, es decir que esa acusación había sido finalmente borrada y no debía tenerse en cuenta.

Pero bajo la terrible presión que sobre ellos pesaba, debido a la campaña de odio y venganza generada por la prensa de Miami, campaña que como se sabe hoy fue orquestada y pagada por el gobierno de los EE.UU.,  el jurado declara culpable a Gerardo. Es por ello que este cubano es un  preso que está sancionado por una causa de la que no fue acusado.

NOTAS

(1) Los Cessnas 336-337 Skymaster no eran simples avionetas. Se trata de aviones militares empleados por una veintena de ejércitos de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Se distinguen por su gran maniobrabilidad y efectividad en misiones de espionaje y pequeños bombardeos.Desde el 24 de febrero de 1996 sobre La Habana se había establecido un área llamada mud-9, donde las FAR realizaban ejercicios militares. Para informarlo, Cuba transmitió varios Notams (notificaciones de operación) a las autoridades norteamericanas, quienes a su vez alertaron a las naves que partían desde su territorio, incluidos Hermanos al Rescate.

(2) En junio de 1996 una comisión de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), tras investigar los hechos del 24 de febrero, determinó que Cuba había actuado según los acuerdos internacionales que establecen el derecho de cada Estado a tomar medidas para prohibir el uso de aeronaves en su territorio con fines incompatibles con el Convenio de Aviación Civil Internacional. Dicho informe no pudo ser refrendado por el pleno de la institución debido a incumplimientos y retrasos en la entrega de la información de sus radares por parte de los Estados Unidos. La institución concluyó que Hermanos al Rescate había cometido reiteradamente graves violaciones:

    Volar a baja altura.
    Volar sin autorización fuera de los corredores establecidos y en zona de alta densidad poblacional.
    Interrumpir los canales de comunicación para el control aéreo.

Cinco años más tarde, el mismo organismo, Cuba y los abogados de la defensa en el caso de los Cinco, solicitaron a la NASA las imágenes satelitales de la fecha y lugar de los acontecimientos para corroborar los datos de los radares de la Isla. La institución de la aeronáutica y el espacio en los Estados Unidos nunca ha respondido a ese reclamo.

(3) Gerardo Hernandez Nordelo (Manuel Viramontes) # 58739-004 USP Victorville PO BOX 5300 Adelanto, CA 92301

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